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Algunos apuntes sobre la (in)seguridad en Guadalajara

A Maru Suárez

Por Paulo Gutiérrez el   |    9 minutos, 57 segundos

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a seguridad es un derecho. Me repito esta frase cada vez que, no sin cierta dosis de valor, debo caminar por Libertad hasta Chapultepec pasadas las diez de la noche. Con el paso del tiempo he descubierto que este miedo no es producto de una paranoia irracional, sino que es un sentimiento bastante arraigado que compartimos un gran número de ciudadanos. En mi grupo cercano hay decenas de casos de robo de celulares, de autopartes y a casa habitación. Los más dolorosos son aquellos que llevan implícito lujo de violencia o secuestro.

Vivir con miedo es vivir a medias. Es renunciar a vivir una vida de calidad: comenzamos con un repliegue voluntario a la aparente seguridad de nuestra casa, para luego abandonar el espacio público, y por ende, todo aquel asunto de interés general. El diccionario consigna que el ostracismo es la «exclusión voluntaria o forzosa de los oficios públicos, a la cual suelen dar ocasión los trastornos políticos». La inseguridad es, sin duda, un trastorno político de primer orden.

Desde mi experiencia, luego de haber coordinado durante casi dos años un grupo de Facebook orientado a la seguridad ciudadana, he vislumbrado un panorama que quizá pueda ser útil para reflexionar sobre aspectos que van desde la participación vecinal hasta las políticas institucionales, incluyendo el papel de las organizaciones de colonos y la función de actores políticos vinculados con el tema de la seguridad.

En el contexto nacional, de acuerdo con la ENVIPE 2014, al menos un miembro de los más de 10.7 millones de hogares fue víctima del crimen en 2013, es decir, 22.5 millones de personas, con una cifra negra de 31 millones (lo que revela una absoluta falta de cultura de la denuncia). Mientras que la percepción de inseguridad alcanzó un 73%. Estos números contrastan con lo encontrado en el Estado por la encuesta de Jalisco Cómo Vamos 2013, donde se reportó que sólo el 43% de los jaliscienses se sienten «algo o muy inseguros», por lo que habría que estar pendientes si en 2014 la cifra se dispara o permanece estable.

Si bien la seguridad (o más bien la inseguridad) ha conseguido interesar incluso a los más indolentes, este interés no ha sido suficiente para transitar del miedo y la indignación hacia acciones comunitarias más efectivas y de largo aliento. Por el contrario, parece que cada esfuerzo por fortalecer el capital social desemboca en una mayor desconfianza hacia las autoridades, y en ocasiones, entre los propios ciudadanos. Enseguida presento un balance personal de cinco instancias con las que traté durante mi acercamiento al tema de la seguridad ciudadana:

Los políticos y el incumplimiento de acuerdos (Gobernador, Presidente Municipal, Regidores, Diputados y Secretarios de dependencias). Mientras estas figuras no dejen atrás su carácter ornamental y protocolar, será muy difícil encarar de manera integral los problemas de seguridad. A la clase política no le importan los casos particulares, para ellos, convenientemente, la inseguridad debe mirarse desde la perspectiva del estadista, y como no hay cultura de la denuncia, nunca se prenden los focos rojos de sus indicadores. Los acuerdos a los que llegan con la ciudadanía rara vez son ratificados y no hay quién diga «esta boca es mía» para dar seguimiento a lo pactado. La voz de la opinión pública los tienen sin cuidado, la oyen como oír la llovizna desde una guarida.

Los medios y la misma historia. Desafortunadamente el golpeteo hacia el gobierno resulta muy rentable. No hay nada más lucidor que escribir bajo la siguiente fórmula: Político desinformado de las incidencias en «x» colonia + abuso policial + declaraciones de víctimas de la delincuencia. Este modelo se repite hasta la saciedad y no ayuda a la comprensión del fenómeno, por el contrario, genera un hartazgo permanente y desincentiva el interés por la denuncia. Sin contar con que construye una realidad maniquea donde hay víctimas/buenos y victimarios/malos. Los medios tienen que sumarse al compromiso de comprender más rigurosamente el fenómeno de la inseguridad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana o «el que a varios amos sirve…» La policía vive bajo la presión de diversos intereses: por un lado el social, que los identifica como corruptos, violadores sistemáticos de garantías individuales y agentes coludidos con el crimen organizado; por otro lado, el institucional, que los somete a la zozobra de exámenes de confianza que violan sus derechos laborales. También, están a merced de sus superiores, quienes con la rotación indiscriminada impiden la construcción de redes de confianza con los ciudadanos y diluyen la posibilidad de asumir compromisos, y por ende, rendir cuentas. Asimismo, para los comandantes de zona es mucho más rentable servir a los intereses de empresarios y comerciantes que de los ciudadanos. Si un vecino se queja de las irregularidades de un bar, pocas veces será atendido porque normalmente los empresarios tienen relaciones más estrechas con la policía que el ciudadano común.

Es imposible dejar de hacer notar que no existe una apuesta fuerte por el modelo de policía preventiva (comunitaria y de proximidad), la tentación de contar con elementos reactivos (violentos y militarizados) está ya inserta hasta en el interés vecinal, lo cual, es una verdadera desgracia que seguramente lamentaremos.

El Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana: un buen instrumento en constante riesgo. La figura del CCSC podría ser el único instrumento que tenemos los ciudadanos para conocer, incidir y transformar el estado de las cosas en materia de seguridad… si no estuvieran enquistados, por decreto, los presidentes de colonos, que hasta el día de hoy no son otra cosa que líderes, por llamarlos de algún modo, sin legitimidad social y al servicio de partidos políticos (o de uno en específico: el PRI).
Como ciudadanos comunes podemos proponernos como vocales de zona, pero no tenemos voto, sino a través de nuestros consejeros zonales, que han dado muestra de que son más proclives a los selfies con funcionarios, que a la creación de campañas o políticas de seguridad.

Considero que un acierto del Consejo es la articulación que ha llevado a cabo con diferentes instancias (policía, regidores, cámaras, ciudadanos), así como la capacitación de los consejeros y la difusión permanente de sus acciones, sin embargo, enfrentan un gran reto: el de mantenerse ajenos a los intereses partidistas, e independientes a figuras como la fiscalía o los gobernantes en turno.

Los ciudadanos. La comprensión de la seguridad y la disyuntiva entre el ostracismo o la participación. Para muchos ciudadanos la inseguridad que vivimos se explica a través de diversas anomalías. Las principales son: a) El gobierno no provee seguridad y no vale la pena denunciar porque no hay detenciones, o de haberlas, el delincuente sale de inmediato; b) La policía es corrupta, entre menos trato tengamos con ella, mejor; y c) No hay suficiente policía haciendo su trabajo (resulta paradójico que no exista confianza en la policía, pero que a su vez se insista en una mayor presencia policial).

Estas anomalías son enfrentadas por la ciudadanía mediante distintas estrategias que, curiosamente no se corresponden con sus hipótesis sobre la inseguridad. La primera es la tentación de hacernos cargo personalmente del problema, poniendo cámaras de vigilancia que no representan detenciones, ni una debida investigación (en caso que la imagen sea lo suficientemente nítida), tampoco garantizan la prevención de que alguien entre a nuestra casa. Las cámaras funcionan como un amuleto que la gente usa “para sentir que ya hizo algo por su seguridad”, pero no soluciona el problema de fondo. Aún pero, descargan al Estado (políticos, policía, Fiscalía) de su responsabilidad y generan una mayor zozobra y paranoia.

Tampoco hay indicadores que muestren que hacer justicia por nuestra propia mano disminuya la incidencia delictiva. De igual forma, en nada nos ayuda que normalicemos y seamos cómplices de las revisiones de rutina o de la exhibición descarnada en redes sociales de presuntos delincuentes, que curiosamente son siempre: indigentes o jóvenes o pobres o personas con problemas de adicción (o todas las anteriores juntas).

Una alternativa a las acciones y omisiones anteriores es la de convertirnos en ciudadanos proactivos, participativos, estratégicos, organizados y vigilantes de las buenas prácticas institucionales. Para ello es necesario confiar en que la prevención y la vía institucional son la única ruta pacífica y posible para que disminuyamos la inseguridad y fortalezcamos los derechos humanos.

Debo decir que la participación ciudadana en Guadalajara se ha visto favorecida recientemente por iniciativas barriales y de promoción de la movilidad no motorizada (Mejor Santa Tere, Corre Chapu, Ciudad para Todos, entre otras), en estas plataformas participan agentes de cambio que de manera activa donan sus ideas y su trabajo, pero es necesario que existan mecanismos de involucramiento de nuevos actores y liderazgos, ya que el desgaste personal es, desafortunadamente, un puerto seguro en la participación comunitaria. El incentivo con que la mayoría de estas personas trabajan es la convicción personal de que es posible contribuir al cambio.

La participación comunitaria puede ser a través de organizaciones incipientes, como lo fue el grupo de Amigos Vigilantes Zona Chapultepec, o mediante la incorporación a asociaciones con mayor organización que aborden temas no exclusivos de la seguridad, pero que inciden positivamente en ella. También está la opción de incorporarse con organizaciones civiles e incluso, en las asociaciones de vecinales y de colonos; es ahí donde se presenta el desafío de convertir a las denostadas «presidencias de colonos» en organizaciones vigentes y legítimas, donde la rendición de cuentas y la transparencia en los procesos sean la oportunidad de construir a nivel micro un mejor país.

Como conclusión provisional creo que es necesario dar el voto de confianza a las instituciones, pero no un voto definitivo (no soy tan inocente), sino voto sujeto a la vigilancia y al escrutinio permanente. Eso representa responsabilizarnos de algo que como ciudadanos hemos evadido por décadas. ¿Cuáles son nuestras tareas a corto y mediano plazo? Sugiero para empezar: 1. Denunciar cuando seamos víctimas de un delito; 2. Establecer un diálogo vecinal donde se hable del alumbrado público, de las podas, del desempeño de la policía y de los diputados asignados a nuestro distrito, así como de los regidores… 3. Conocer a nuestro policía de proximidad; 4. Tener plena certeza de qué sucede con los Planes Parciales de la zona en que vivimos. Aunque no lo parezca, muchos problemas asociados con la inseguridad derivan de las transformaciones de los usos del suelo, y 5. Ser altamente autocríticos en cuanto a nuestro nivel de involucramiento ciudadano. La inseguridad no es sólo una mala experiencia individual, es también un asunto de interés público que compete a sujetos con nombre y apellido, responsables de instituciones públicas.

*Paulo Gutiérrez, sociólogo y maestro en comunicación.


Texto de Paulo Gutiérrez


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